Un investigador de la Fiscalía de
Estado llevó a cabo otra entrevista a James Vernon en la
que admitió su participación en el asesinato. Sin
embargo, invocando a la Quinta Enmienda, Vernon se negó
a declarar y esta entrevista no fue revelada a la defensa.
El Estado no admitió el testimonio
de Roger Mims y el juez no permitió a la defensa llamar
al oficial al que James Vernon había admitido estar en
el asesinato.
El abogado de la defensa no presentó
su entrevista con Vernon, por lo que, el jurado, no
conoció las confesiones de este.
Tampoco se sabía que cuando fue
detenido, David Luna Falcón, había escapado de la
prisión de Puerto Rico en la que cumplía condena
por asesinato y que había cobrado 5.000 dólares
para testificar contra Meléndez.
Meléndez fue sentenciado a muerte.
James Vernon fue asesinado en 1986 y David
Luna Falcón murió a finales de 1980.
El nuevo abogado de Meléndez,
descubrió las pruebas que incriminaban a Vernon y con
ellas pidió un nuevo juicio.
El 6 de diciembre de 2001, la jueza
Bárbara Fleischer, dictaminó que Meléndez
tenía derecho a un nuevo juicio.
Pena de Muerte y Pobreza
Fotografía: Eloy de Mateo
La posibilidad de pagarse una buena defensa
es la clave para conseguir salir en libertad o recibir una
condena menor.
Amnistía Internacional, ha
documentado que esto sucede de una forma evidente en paises
como Nigeria, Arabia Saudí o Irán, donde, en un
juicio, la situación económica, tanto del acusado
como de la víctima, es el factor mas influyente en la
sentencia, mucho mas que las circunstancias del delito o el
esclarecimiento de la verdad.
En Nigeria, la característica
común a todos los condenados a muerte es la pobreza, si
el acusado es culpable o inocente, no tiene importancia en el
sistema judicial nigeriano.
Según declaró Chino Obiagwu,
coordinador nacional de LEDAP (Legal Defence and Assistance
Project) en la presentación de un informe de
Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en
Nigeria en Octubre del 2008, “Lo importante es poder pagar para mantenerse al margen
del sistema, ya sea a la policía para que investigue el
caso de manera adecuada, a un abogado para que te defienda o a
alguien para que ponga tu nombre en la lista de posibles
indultados.”
La relación entre pobreza y pena de
muerte, también se da en paises desarrollados.
En Estados Unidos, todos los años se
ejecuta a decenas de personas en un sistema de jurados
populares fácilmente influenciables y tendentes a
dejarse impresionar por la elocuencia de los letrados o a
dejarse llevar por sus propios prejuicios.
Una persona sin recursos
económicos, tiene asegurado un juicio sin garantias, ya
que no podrá disponer de una defensa eficiente.
Tenemos el caso paradigmático de
Joaquin José Martinez, que pasó cinco años
en el corredor de la muerte, en el estado de Florida. Acusado
de robo y asesinato fue condenado a muerte.
Finalmente, se probó su no
culpabilidad, gracias a la campaña iniciada por su
familia para recaudar fondos con los que poder contratar a
Peter Raben, abogado de gran prestigio especializado en estos
casos de personas condenadas a la pena capital, pero cuyos
servicios cuestan una gran cantidad de dinero.
Raben consiguió probar la no
vinculación de Martinez con los hechos de los que se le
acusaba.
La conclusión es clara, sin dinero
puedes acabar condenado a muerte siendo inocente, con dinero
puedes probar tu inocencia o al menos, poner en duda tu
culpabilidad.