El 12 de noviembre del 2018, PP y PSOE,
llegan a un acuerdo para la renovación del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), el pacto fue acordado por
Dolores Delgado (PSOE) y Rafael Catalá (PP).
Se trataba de repartirse los vocales, que
son elección de los partidos (10 por el PSOE y 10 por el
PP), finalmente se llega al acuerdo de que el PP cede un vocal
al PSOE y a cambio se pondrá como presidente del CGPJ a
Manuel Marchena.
El reparto es el siguiente:
- 10 vocales PSOE (tendrían que ser 11 pero uno se lo ceden a
Podemos).
- 1 vocal Podemos (el que le ha cedido el PSOE).
- 9 vocales PP.
Y como presidente del CGPJ, Manuel
Marchena.
Marchena, considerado conservador, hasta
ese momento era el presidente del tribunal que ha de juzgar a
los presos independentistas y, además, el ponente de la
sentencia. Debido a su nuevo cargo como presidente del CGPJ,
deberá abandonar su puesto en el tribunal del juicio
para asumir las responsabilidades de su nuevo puesto y, el
elegido para sustituirle en el tribunal es, Andrés
Martínez Arrieta, considerado progresista.
No se entiende porque en el PP iban a tener
interés en cambiar a un presidente del tribunal del
juicio a los independentistas considerado conservador por otro
considerado progresista y había cierto malestar en las
filas del partido.
Para argumentar que el acuerdo era bueno
para el PP, Ignacio Cosidó, portavoz del Grupo Popular
en el Senado, envía unos mensajes de whatsapp al grupo
de senadores del PP que pronto son filtrados al diario
“El Español” para que los difunda.
El autor de los mensajes se felicita por el
acuerdo por el que el PP controla las salas 2 y 61 del Tribunal
Supremo, que son las que se encargan de la causa general contra
el independentismo y de la ilegalización de partidos
respectivamente.
Estos mensajes propician un
escándalo que revienta el acuerdo entre PSOE y PP, ya
que se puede deducir de ellos que ha habido un
“trapicheo” para controlar a la justicia, lo que es
contrario a la separación de poderes. Ya habían
decidido quien sería el presidente del CGPJ sin que
estuviesen designados los vocales, que son los que han de tomar
esta decisión.
El resultado es que Marchena renuncia a su candidatura como presidente
del CGPJ, con lo que
podría seguir ejerciendo su papel en el juicio a los
independentistas como hasta ahora.
Dadas las circunstancias, la defensa de los
acusados recusa a Marchena para que no pueda volver a hacerse
cargo del juicio y el juez Francisco Monterde resolverá
si tramita la recusación contra el magistrado.
- Actualización:
El 5 de diciembre del 2018, la Sala 61 del
Tribunal Supremo, ha decidido rechazar la recusación del
juez Marchena y de los seis magistrados que han de juzgar a los
presos independentistas catalanes.
