El Fiscal General solicita orden de extradición contra Carles Puigdemont

SCHLESWIG. El Fiscal General del Estado de Schleswig-Holstein, según el artículo 15 de la IRG (Ley de Asistencia Judicial Mutua Internacional en Materia Penal), solicita una orden de extradición contra el ex presidente de de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont al Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein en Schleswig.

Después de un intenso examen de la orden de detención europea del Tribunal Supremo de Madrid del 23 de marzo del 2018, el Fiscal General ha llegado a la conclusión de hacer una solicitud de extradición, con la debida ejecución de la solicitud de extradición.

El procedimiento de extradición era el de esperar y el motivo de la detención de Puigdemont es el riesgo de fuga.

Con la orden de detención europea, las autoridades españolas solicitan la extradición de los condenados por dos delitos. Los hechos de la rebelión de conformidad con el artículo 472, apartados 5 y 7. 432, 252 del Código Penal español.

La acusación de rebelión contiene esencialmente la acusación de llevar a término un proceso de inconstitucionalidad, a parte de los disturbios violentos previstos. Se encuentra un equivalente comparable en el derecho penal alemán en los artículos 81, 82 del Código Penal (alta traición). Una redacción idéntica en alemán y español no es necesaria.

En la medida en la que el perseguido sea responsable de malversación de fondos públicos para la celebración de un referéndum inconstitucional, que es punible conforme al artículo 266 del Código Penal alemán (malversación de fondos).

Las autoridades españolas acusan al Sr.Puigdemont el 28 de septiembre de 2017 de decidir con consellers de la Generalitat de Catalunya, como presidente de la Generalitat de Catalunya, un referéndum sobre la cuestión de la independencia de Catalunya a pesar de que el Tribunal Constitucional español ya había dictado sentencia antes, habiéndose establecido que no era compatible con la Constitución española.

Las fuerzas policiales señalaron que en vista de los violentos enfrentamientos que ya habían tenido lugar entre ciudadanos y la Guardia Civil el 20 de septiembre del 2017, era de esperar una escalada de violencia en el día del referéndum (1 de octubre del 2017). No obstante, el gobierno autonómico de Catalunya - incluidos los perseguidos como su presidente - decidieron celebrar el referéndum, y se obligó a la policía autonómica a procurar que aquellos que estaban a favor del proceso de escisión pudieran participar en las elecciones.

Los responsables de las autoridades españolas dicen que los costos del referéndum ascienden a 1.602.001,57. Entre otras cosas, el dinero se destinó a campañas publicitarias y a la impresión de papeletas y listas electorales.

Hay una razón para la detención que es el riesgo de fuga.

Las medidas menos drásticas que la de ejecución de la custodia ante la extradición no ofrecen ninguna ventaja.

El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein es ahora el responsable de la petición de extradición.