El Fiscal General solicita orden de
extradición contra Carles Puigdemont
SCHLESWIG. El Fiscal General del Estado de
Schleswig-Holstein, según el artículo 15 de la
IRG (Ley de Asistencia Judicial Mutua Internacional en Materia
Penal), solicita una orden de extradición contra el ex
presidente de de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont
al Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein en
Schleswig.
Después de un intenso examen de la
orden de detención europea del Tribunal Supremo de
Madrid del 23 de marzo del 2018, el Fiscal General ha llegado a
la conclusión de hacer una solicitud de
extradición, con la debida ejecución de la
solicitud de extradición.
El procedimiento de extradición era
el de esperar y el motivo de la detención de Puigdemont
es el riesgo de fuga.
Con la orden de detención europea,
las autoridades españolas solicitan la
extradición de los condenados por dos delitos. Los
hechos de la rebelión de conformidad con el
artículo 472, apartados 5 y 7. 432, 252 del
Código Penal español.
La acusación de rebelión
contiene esencialmente la acusación de llevar a
término un proceso de inconstitucionalidad, a parte de
los disturbios violentos previstos. Se encuentra un equivalente
comparable en el derecho penal alemán en los
artículos 81, 82 del Código Penal (alta
traición). Una redacción idéntica en
alemán y español no es necesaria.
En la medida en la que el perseguido sea
responsable de malversación de fondos públicos
para la celebración de un referéndum
inconstitucional, que es punible conforme al artículo
266 del Código Penal alemán (malversación
de fondos).
Las autoridades españolas acusan al
Sr.Puigdemont el 28 de septiembre de 2017 de decidir con
consellers de la Generalitat de Catalunya, como presidente de
la Generalitat de Catalunya, un referéndum sobre la
cuestión de la independencia de Catalunya a pesar de que
el Tribunal Constitucional español ya había
dictado sentencia antes, habiéndose establecido que no
era compatible con la Constitución española.
Las fuerzas policiales señalaron
que en vista de los violentos enfrentamientos que ya
habían tenido lugar entre ciudadanos y la Guardia Civil
el 20 de septiembre del 2017, era de esperar una escalada de
violencia en el día del referéndum (1 de octubre
del 2017). No obstante, el gobierno autonómico de
Catalunya - incluidos los perseguidos como su presidente -
decidieron celebrar el referéndum, y se obligó a
la policía autonómica a procurar que aquellos que
estaban a favor del proceso de escisión pudieran
participar en las elecciones.
Los responsables de las autoridades
españolas dicen que los costos del referéndum
ascienden a 1.602.001,57€. Entre otras cosas, el dinero se
destinó a campañas publicitarias y a la
impresión de papeletas y listas electorales.
Hay una razón para la
detención que es el riesgo de fuga.
Las medidas menos drásticas que la
de ejecución de la custodia ante la extradición
no ofrecen ninguna ventaja.
El Tribunal Regional Superior de
Schleswig-Holstein es ahora el responsable de la
petición de extradición.
