A los detenidos se les acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos, la jueza, considera además que los acusados presentan un alto riesgo de reincidencia delictiva, destrucción de pruebas y de fuga, gracias a su alto poder adquisitivo (pone como ejemplo a Puigdemont), por este motivo ordena prisión para ellos.

Lamela hace referencia al documento “Enfocats”, incautado a Josep María Jové, en el que se explica el proceso para conseguir la independencia en 18 meses y que, según la jueza, “se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el gobierno de la Generalitat durante el tiempo transcurrido, incluida la DUI".

Pone por ejemplo que Joaquim Forn declaró que no habría colisión entre policías “si había buena voluntad y se admitía la nueva realidad política”, que Rull puso de manifiesto el “rechazo institucional” al contingente policial desplazado a Cataluña, que Bassa efectuó un comunicado desde el “Departament de Treball” alentando a la convocatoria de la huelga de octubre y que Borràs adoptó “medidas encaminadas a obtener los medios con los que poder celebrar el referéndum”.
El caso de Santi Vila, la jueza considera que es diferente ya que desistió de proseguir con el “procés” el 26 de octubre, un día antes de la declaración de independencia, lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento independentista y por eso le da la opción de la fianza para no ingresar en prisión, de esta forma no atiende a la petición de la acusación particular, ejercida por VOX, que reclama prisión incondicional también para él.

En la Audiencia Nacional, la juez Lamela también investiga la actuación del que hasta ahora ha sido el major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, sobre el que recae la acusación, de momento no demostrada, de que bajo su dirección, los Mossos ayudaron a la realización del referéndum en lugar de evitarlo, llegando incluso a enfrentarse con guardias civiles, increpándolos cuando estaban ejerciendo su función. Según documentación que obra en manos de la jueza, “incluso llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional alertando a los
congregados en los colegios de que las citadas Fuerzas del Orden se dirigían hacia determinados lugares”. Pero esto es algo que se tendrá que probar en su momento, cuando se celebre el juicio.